Las opiniones contradictorias sobre lo ocurrido el 22 de junio del 2012, dentro y fuera del Paraguay, delatan el carácter confuso y oscuro de ese evento. La variedad de categorizaciones orillan el absurdo: golpe de Estado, sustitución constitucional, golpe parlamentario (con o sin guantes blancos), quiebre institucional, uso de atribuciones legales del Congreso, juicio express, mecanismo normal y legal, quiebre o ruptura democrática, etc. Quizá porque la gravedad de lo ocurrido es, como todo lo esencial, aun invisible a los ojos.
Porque en un sólo día, a mediados del año siguiente al del Bicentenario, culminó el proceso de degradación de una década: se hizo trizas todo el Contrato Social (Rousseau, 1762) aceptado por la sociedad paraguaya tras la caída del dictador Stroessner. Sus cláusulas “pétreas”, establecidas solemnemente en la Constitución de 1992, venían desgarrándose paulatinamente, hasta que, de golpe, se rescindió todo el Contrato.
Por eso el estupor, de allí el espanto colectivo. Lo brutal de esa rescisión explica el letargo inicial. El golpe parlamentario rompía el último de sus bastiones, según el cual el gobernante paraguayo era electo por la ciudadanía. El principio esencial de toda República, el más clásico, según el cual la soberanía residía en el pueblo y no más en monarcas ni jefes de tribus.
Las otras cláusulas de ese Contrato Social habían naufragado silenciosamente en meses o años anteriores. La del imperio de la ley se rompió en 2003, cuando Duarte Frutos, aliado a las bancadas parlamentarios, literalmente “pulverizó” la Corte Suprema de Justicia. En un juicio político algo menos torpe que el de junio del 2012, con veinte causales del libelo, el parlamento forzó la renuncia de cuatro ministros (respetados juristas, en su mayoría) y condenó a otros dos.[1]
Esta decisión tuvo efectos demoledores sobre una justicia en lento proceso de reforma: se tornó un poder lento e ineficiente, politizado, de baja integridad y credibilidad. De los seis indicadores del Banco Mundial (Kaufmann& Kraay) para medir la gobernabilidad de los países a nivel mundial, el de “Imperio de la Ley” en Paraguay, es el único que permanece en su nivel mediocre (17 a 19%), sin mejorías en la última década.
Como la administración de la Justicia carece de una Sala Constitucional cuyas sentencias sean acatadas como legítimas, cualquier autodenominado “constitucionalista” interpreta hoy la Carta Magna a piacere. La Corte dicta Sentencias Definitivas a medida del demandante y no hesita en cambiarlas cuantas veces sean necesarias. Como ese bastión republicano se resquebrajó hasta la ruptura, las crisis entre el Judicial y los otros dos poderes del Estado se tornaron endémicas.
El otro bastión, el de la democracia parlamentaria, con un Congreso electo que representa la diversidad de intereses ciudadanos, venía zozobrando hace tiempo, clientelismo y corrupción electoral mediante. Pero la reacción ante las reivindicaciones de “indignados” de mayo del 2012 evidenció claramente la ruptura de ese otro pilar. El quiebre final sucedió en dos tiempos: cuando la ciudadanía exigió a sus representantes que no dilapidaran 50 millones de USD adicionales para sus operadores en el TSJE, los parlamentarios se plegaron a regañadientes, desconcertados ante esta insólita exigencia del Común. No se trataba de funcionarios públicos exigiendo mejores salarios ni de campesinos demandando compensaciones por malas cosechas. Eran manifestantes urbanos, de clase media alta, que no hacían demandas sectoriales sino exigían derechos ciudadanos.
Cuando, alentada por el primer éxito, la ciudadanía reclamó el desbloqueo de las listas partidarias, sus “mandatarios” pasaron a la defensiva, reaccionando como minoría compacta (N. Lechner). Allí murió la ilusión de representatividad: los senadores trataron a sus mandantes de turba vendida y alcoholizada, de zurdos e ignorantes. En justa reciprocidad, fueron marcados de inmediato como senarratas y dipuchorros, como consta en millares de posteos de redes sociales. Los integrantes del Congreso optaron por auto-representarse a sí mismos y defender apenas sus intereses partidarios, apropiándose de la soberanía popular.
También según este Contrato Social, los conflictos sociales se resolvían pacíficamente, por la ley. El campesinado descreía ya de la imparcialidad de los jueces y fiscales, tentados a favorecer intereses de los poderosos, en detrimento de los suyos. El centenar de militantes campesinos muertos por fuerzas policiales o parapoliciales durante la transición, y la ataraxia de la Justicia paraguaya respecto a las tierras malhabidas justificaban ampliamente esta desconfianza.
Pero el enfrentamiento entre fuerzas policiales y miembros de la Liga Nacional de Carperos, con un saldo de al menos 17 muertos el 15 de junio, echó por tierra lo que restaba de este principio. A partir de allí, la cuestión agraria amenaza litigarse ya abiertamente con las armas. Las organizaciones campesinas entendieron -antes que muchas otras- la ruptura del Contrato Social: ya desesperan de hallar justicia sobre tierras que el Estado les niega, para obsequiarlas a los grandes propietarios, ya no conocen fiscales capaces de separar culpables de victimas en la masacre de Curuguaty.
Por fin, el juicio político del 22 de junio derogó la última cláusula del Contrato de 1992. La más valiosa para la percepción de la gente: el presidente no llega al poder por golpes de Estado, reelecciones amañadas, maniobras de minorías ni sucesiones monárquicas, sino por el voto popular. Un campesino lo expresó con simplicidad y dolor en una entrevista radial: ¿porqué no venderían ahora su voto –la lección repetida hace veinte años por sus dirigentes- si esa papeleta ya no valía nada?. Si ahora sabían que la voluntad mayoritaria podía ser robada impunemente por 39personas, en 24 horas.
Por eso la gente común, el Común, reaccionó con incertidumbre, miedo o silencio ante lo que parecía un cambio de gobierno, pero era en realidad un quiebre social y político mucho más grave. Gente común, la que no lee Hobbes ni Rousseu, no reconoce a Habermas, Montesquieu o Lechner, percibió con extrema lucidez que el Contrato Social bajo el cual convivieron -mal o bien- durante dos décadas, acababa de rescindirse.
Y los letrados saben que al fenecer un Contrato -del tipo que sea- se retorna al anterior, recupera vigencia el contrato “consuetudinario”. Es así como la elite conservadora paraguaya se apresuró en rehabilitar -con notable eficiencia y memoria- las cláusulas del Contrato Social anterior, el Stronista. El alegato del abogado Adolfo Ferreiro en el Congreso la tarde del 22 de junio –no el jurídico, inservible ante ese auditorio, sino el político, el del “espíritu de las leyes” y los principios democráticos- confrontó abiertamente este retorno.
Porque ese libelo acusatorio -proferido, más que presentado- por un tránsfuga de las carpas oviedo-stronistas a las cartistas, recurría abiertamente a la cláusula madre de la represión dictatorial: los delitos políticos no necesitaban ser probados, por ser “de público conocimiento”. Esa acusación, radicalmente opuesta al Contrato republicano y democrático de 1992, fue públicamente aprobada por la casi totalidad de la Cámara, que sancionó de esta forma el retorno al Contrato Stronista.
Cuando el Contrato Social republicano fenece, se retorna a la barbarie. Un brillante artículo de Luis A. Boh expresa ese retorno, el del salvajismo, el de los simios. O al hobbesiano homen hominis lupus est (Leviatán, 1651), cuando los lobos salen a las campos y entran a las ciudades, porque el Contrato anterior ya no es válido y las elites acaban de poner el vigencia el más antiguo. Contrato expresado ya en la violencia verbal de las redes, en la prepotencia de los “soberanos”, en las editoriales de la prensa comerciales, y en prácticas policiales que recuperan, con naturalidad, sus añoradas arbitrariedades represivas.
No es accidental que, de modo inconsciente, analistas locales e internacionales apelen a símbolos de bestialidad animal o humana para calificar la praxis de la “nueva política” paraguaya: desde el retorno de los simios, pasando por el de manada de dinosaurios o bandada de avestruces asustados, hasta la de hombres cavernícolas o trogloditas.
Herido de muerte los principios republicanos, roto el de por sí endeble tejido social (dos de cada cinco paraguayos sigue sin siquiera comer lo necesario), el Contrato neo-stronista apela una vez más al peligro exterior (el de la Triple Alianza más uno) y al feroz aglutinante ideológico del nacionalismo, para reconstruir la fachada de la “unidad nacional”. Y exacerba el miedo colectivo, aludiendo al peligro de guerra civil, amenazando a los “zurdos” o “bolivarianos asesinos” en las calles y en las redes sociales. Se fundamenta una vez más en los arcaicos lemas de la Doctrina de Seguridad Nacional, que ven en los “enemigos internos”, en los “legionarios”, en los “malos paraguayos” el mayor peligro contra la nacionalidad.
Aunque, considerando sus consecuencias mediatas, el quiebre de un contrato social paulatinamente resquebrajado en la transición y en la alternancia, está generando un efecto no querido por sus ejecutores. Nunca antes la sociedad paraguaya debatió y reflexionó como ahora sobre política. Está hoy preguntándose en centenares de espacios, foros, organizaciones civiles o sociales qué fue, como se quebró, que será de hoy en más la democracia paraguaya. Inquiriendo que se hizo mal, cómo quieren convivir civilizadamente los paraguayos-hombres y mujeres- después de este quiebre brutal.
Ni siquiera entre 1989 y 1992, ciudadanos de todas las edades y condiciones cuestionan con tan intensa curiosidad qué fue realmente la dictadura, cómo pervivieron la corrupción y el clientelismo, cómo se actúan aquí y en otros países los partidos políticos, que es la globalización y la soberanía regional, cuanto destruyen al país la desigualdad y la concentración de activos e ingresos, cuanto de verdad o mentira reproducen los medios y las redes sociales. Esta crisis se revela para ellos, una crisis terminal. Pertenecen a una nueva generación paraguaya -la que, al no haber aprendido el miedo, no sabe repetir las miserias ni los oportunismos del pasado- que hoy está escribiendo, con libertad, igualdad y fraternidad, el Contrato Social del futuro.
Nota:
[1] Una Sala Constitucional de la CSJ dictaminó, en diciembre del 2009, la inconstitucionalidad del juicio político a estos dos ministros, ordenando su reposición en sus cargos. Al mes siguiente -presionada por el Senado- , la misma Corte dictaminó lo contrario: dichos Acuerdos y Sentencias carecían de validez jurídica. El caso sigue judicializado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: E'a http://ea.com.py/la-rescision-del-contrato-social/
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